La diputada Maribel Espinoza, este lunes dijo que en el informe de la Comisión Especial de Extradiciones del Congreso Nacional, recomendará un Juicio Político para improbar las actuaciones administrativas del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta Pérez.
«La razón de proponer en la Comisión Especial un Juicio Político contra el presidente de la CSJ, es porque él es el único administrador del personal del Poder Judicial. El Ministerio Público interpuso cantidades de denuncias contra jueces que dejaron en libertad a narcotraficantes que posteriormente fueron enjuiciados en Estados Unidos, pero muchos de esos casos fueron declarados sin lugar en Honduras», señaló la congresista.
La parlamentaria por el Partido Salvador de Honduras (PSH), calificó como «grave» que en el país todos estos sujetos (narcotraficantes) obtuvieron sobreseimientos y la justicia de Estados Unidos los condenó por tales delitos.
En ese sentido, la congresista subrayó que Rolando Argueta, es el único que administra el personal judicial, al haber desaparecido con motivo del recurso de inconstitucionalidad quedó derogada la Ley del Consejo de la Judicatura, y él asumió toda la responsabilidad por delegación del pleno de magistrados.
Protección a narcotraficantes
Además, que el titular del Poder Judicial es el encargado de poner el régimen sancionatorio a jueces y magistrados, pero no ha cumplido con su deber y «negligentemente» ha actuado en todo eso.
Espinoza, refirió que es gravísimo que en la solicitud de extradición se señala que Juan Orlando Hernández protegió a narcotraficantes de la investigación, detención y extradición. Hizo que se proporcionara información sensible de las fuerzas militares y policiales a los narcos para ayudarles en sus actividades delictivas.
La profesional del derecho afirmó que Hernández prometió que, si su elección tenía éxito como presidente de la República, los funcionarios amigos al narcotráfico de Díaz Morales y de él, pues serían colocados en los principales puestos de aplicación de la ley, y con ello tendrían mas acceso a la información para ayudar con las actividades delincuenciales.
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