En las próximas horas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializará los resultados para conocer los 128 diputados electos al Congreso Nacional, que sería presidido por el parlamentario del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo.
Menos de 24 horas quedan para que ese plazo se cumpla, ya que el órgano electoral deberá pronunciarse al respecto a más tardar el martes 28 de diciembre.
La conformación del Congreso hondureño toma particular relevancia en el marco del nuevo gobierno, ya que del mismo depende la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia, el fiscal general del Estado, entes contralores, entre otros cargos que podrían fortalecer o no la institucionalidad del país.
Líneas partidarias
El anuncio anticipado de que Redondo presidirá el nuevo parlamento y la publicación de un acuerdo de compromiso sobre trascendentales decisiones de Estado dejan ver claramente que los nuevos legisladores obedecerán estrictamente a las líneas de su partido y no dependerá de cada uno de ellos, de sus pensamientos o convicciones, quien deberá regir la próxima cámara.
Las publicaciones divulgadas por la propia presidente electa Xiomara Castro, el propio Redondo y otros personeros de primera línea de lo que será el próximo gobierno dejan ver que tanto la nueva bancada oficialista, como la del partido Salvador de Honduras, toman las decisiones en bloque.
Salvo pequeñas divergencias, ni la potencial elección de Redondo, ni el acuerdo que condiciona su presidencia en el legislativo, no han sido cuestionados por ningún sector político. Tampoco los nacionalistas, ni liberales, quienes anticipadamente habían manifestado su respaldo para que un diputado de Libre presidiera el Legislativo, han rechazado la propuesta que emana de la presidenta electa Castro.
En tanto los candidatos a diputados siguen en la vigilia y en la protesta para lograr su escaño. No son pocos los que han impugnado el proceso y su conteo y dicen ser objeto de fraude.
Investigación fiscal
Producto de ello, el Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Especial de Delitos Electorales, mantiene abierto un conjunto de líneas de investigación, donde decenas de supuestas anomalías salieron a la luz pública, las cuales se habrían cometido en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) o en las Mesas de Verificación.
El anterior escenario, exterioriza que la declaratoria final del proceso electoral, será una realidad, pero que entes como la Fiscalía y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), quedan con algunas tareas por resolver respecto a elecciones en diputados y alcaldes.
En ese contexto, Kelvin Aguirre, consejero presidente del CNE, explicó que la declaratoria final de 128 diputados y 298 alcaldes, se emitirá una vez se finalice con la verificación y se hayan resuelto las inconsistencias de las que se tienen conocimiento. A la fecha el órgano electoral tiene en su poder aproximadamente unas 300 impugnaciones de candidatos.
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