InsightCrime – El año 2024 ofreció algunos recordatorios contundentes de que el dinero del narcotráfico puede llegar a los niveles más altos de la política. Desde Honduras hasta México y Colombia, acusaciones de contribuciones provenientes del narcotráfico sacudieron los cimientos del poder y alteraron las relaciones internacionales.
#NarcoVideo en Honduras
Quizás el ejemplo más evidente de esto fue Honduras, donde las relaciones de la primera familia con clanes del narcotráfico han puesto a la presidenta Xiomara Castro a la defensiva y prácticamente han acabado con la cooperación antinarcóticos entre Estados Unidos y Honduras, incluidas las posibles extradiciones de presuntos narcotraficantes hacia Estados Unidos.
Gran parte de la tensión se remonta al 3 de septiembre, cuando InSight Crime publicó un video que mostraba a Carlos Zelaya, cuñado de Castro y en ese entonces un destacado congresista, en una reunión con los principales narcotraficantes del país durante las etapas finales de la fallida campaña presidencial de Castro en 2013. Zelaya no negó haber estado presente, ni afirmó que el video fuera falso. En su lugar, dos días antes de su publicación —y después de que InSight Crime solicitara comentarios sobre el caso— intentó minimizar la importancia del encuentro, diciendo que solo conocía a una persona presente.
“Nunca hubo entrega de dinero, al menos a mi persona”, agregó.
Aunque dijo estar dispuesto a hablar con las autoridades de Estados Unidos, Zelaya renunció a su cargo en el Congreso y huyó al vecino país de Nicaragua, lo cual lo puso fuera del alcance de los fiscales estadounidenses.
Las sospechas sobre las conexiones de la familia Zelaya con narcotraficantes se remontan a décadas atrás. En el centro de estas se encuentran Carlos Zelaya y su hermano, Manuel “Mel” Zelaya, el expresidente y ahora principal asesor de su esposa, Xiomara Castro. En un cable diplomático de 2008, filtrado por WikiLeaks, el entonces embajador de Estados Unidos en Honduras, Charles Ford, escribió que Mel Zelaya tenía una “estrecha relación con personas que se cree están involucradas en el crimen organizado internacional”.
En el video de 2013 publicado por InSight Crime, los narcotraficantes —todos posteriormente condenados en Estados Unidos por sus crímenes— recordaron las contribuciones que hicieron a Mel Zelaya durante su campaña presidencial de 2005, o mientras estuvo en el poder entre 2006 y 2009, antes de que rivales políticos de derecha, en conjunto con miembros del ejército, orquestaran un golpe de Estado administrativo para destituirlo. En respuesta a la solicitud de comentarios de InSight Crime, Mel Zelaya, al igual que su hermano Carlos, afirmó que “nunca he recibido dinero de narcotraficantes”.
Las autoridades hondureñas también sospecharon por años de las interacciones de la familia con narcotraficantes. En 2010, los fiscales hondureños abrieron una investigación por lavado de dinero contra varios miembros de la familia Zelaya, incluidos Mel y Carlos Zelaya, según reveló una investigación de Contracorriente en septiembre.
Basándose en documentos internos de la Fiscalía General de Honduras —que InSight Crime obtuvo de manera independiente— la investigación de Contracorriente conectó a la familia Zelaya con una serie de compras de terrenos realizadas por Grupo Fluir S.A., una empresa de bienes raíces que, según las autoridades, estaba en el centro de un esquema de lavado de dinero.
Uno de los cofundadores de Fluir era la esposa de Sergio Neftaly Mejía, un socio del narcotráfico de Joaquín “El Chapo” Guzmán y el Cartel de Sinaloa, quien luego fue condenado por tráfico de drogas y sentenciado a cadena perpetua en una prisión federal estadounidense. Los investigadores del gobierno también documentaron que Fluir emitió de manera sospechosa tarjetas de débito a numerosos miembros de la familia Zelaya. Y, con la ayuda de las autoridades colombianas, los fiscales hondureños investigaron si Carlos y otro hermano de Mel, Marco Zelaya, habían frenado un cargamento de cocaína proveniente de Colombia en los días posteriores al golpe contra Mel.
A pesar de la posterior condena de Mejía en Estados Unidos y el arresto de uno de los fundadores de Fluir, el caso perdió poder. El fundador fue liberado y ningún miembro de la familia Zelaya ha enfrentado cargos en el caso.
Aun así, el espectro de una posible acusación en Estados Unidos persiste. En los días previos a la publicación del video por parte de InSight Crime, la presidenta Castro declaró abruptamente que detendría las extradiciones desde Honduras. Y tras la divulgación del video, Castro respondió de manera contundente a las revelaciones. En ambos casos, culpó al gobierno estadounidense.
El #NarcoPresidente de México
El gobierno de Estados Unidos estuvo en el centro de otra gran revelación en enero, después de que InSight Crime publicara una historia sobre una investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) acerca de posibles contribuciones del narcotráfico a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador de 2006.
AMLO, como es popularmente conocido, perdió esa elección, pero ganó en 2018. Después de que InSight Crime publicara el artículo, se dedicó a atacar la investigación durante las conferencias de prensa mañaneras de gran parte de ese mes. Para AMLO, la crónica, cuya versión fue publicada el mismo día por ProPublica y Deutsche Welle, formaba parte de una conspiración de la DEA para desestabilizar su administración. Mientras tanto, sus críticos aprovecharon la oportunidad: el hashtag #NarcoPresidenteAMLO se propagó rápidamente en la plataforma X.
La investigación de la DEA tenía sus fallas. Comenzó con el testimonio de un abogado que trabajaba con la Organización Beltrán Leyva (OBL). Este abogado luego se haría conocido por testimonios dudosos y falsos en contra de otros funcionarios. Sin embargo, para la DEA, el abogado había demostrado ser confiable en varios casos importantes, y los agentes que lideraban la investigación siguieron adelante, obteniendo testimonios corroborativos de al menos otros tres participantes en el esquema.
Uno de estos participantes era un asistente de campaña de AMLO, a quien la DEA atrapó en una operación encubierta en la frontera entre Estados Unidos y México antes de convencerlo de colaborar. El asistente les explicó a los investigadores cómo transfirió dinero de los operadores de la OBL a la campaña de AMLO a principios de 2006. Más tarde, este asistente utilizó un micrófono oculto en reuniones con el funcionario de campaña de AMLO que, según él, había recibido el dinero.
Para entonces, AMLO se preparaba para otra candidatura presidencial en las elecciones de 2012. Sin embargo, no se logró mucho con las grabaciones encubiertas, y surgieron más problemas. Tras el vencimiento del estatuto de limitaciones del caso, los investigadores estadounidenses idearon un plan para comprometer al funcionario de la campaña de AMLO. Sin embargo, un comité especial del Departamento de Justicia de Estados Unidos intervino y detuvo la investigación, argumentando que podría parecer que estaban tratando de sabotear la campaña de AMLO en 2012.
La mera existencia de este comité es reveladora. Para el gobierno de Estados Unidos y sus agentes y equipos legales dedicados a la lucha contra el narcotráfico, procesar a funcionarios de alto nivel de otros países es un desafío diplomático delicado. Y, más a menudo de lo que parece, el gobierno estadounidense opta por evitar continuar este tipo de investigaciones, ya que pueden desestabilizar las relaciones diplomáticas por años o incluso décadas. Para los agentes y fiscales, las apuestas también son altas a nivel personal. Estos casos pueden impulsar o arruinar sus carreras.
Una reciente y notable excepción al cauteloso enfoque culminó en junio de 2024, cuando un juez federal sentenció al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a 45 años de prisión. El tribunal concluyó, durante un dramático juicio en febrero, que Hernández fue parte de una conspiración de tráfico de drogas por años, incluso mientras Estados Unidos lo elogiaba como un aliado en la lucha contra el crimen durante su presidencia, de 2013 a 2021. Sin embargo, Hernández fue procesado una vez que dejó su cargo. Irónicamente, fue la presidenta Xiomara Castro quien dio luz verde a su captura y extradición.
En lo que respecta a México, las autoridades estadounidenses se mantienen mucho más calculadoras y políticamente cautelosas. En octubre, Estados Unidos sentenció a 38 años de prisión a Genaro García Luna, un ex alto funcionario de seguridad condenado en 2023 por aceptar sobornos de carteles. García Luna dirigió la policía durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, un declarado rival de AMLO. En contraste, Estados Unidos liberó en 2020 al exministro de Defensa, Salvador Cienfuegos, después de que fuera arrestado en el aeropuerto internacional de Los Ángeles por acusaciones de aceptar sobornos de otro cartel.
La decisión de liberar a Cienfuegos enfureció a la DEA. AMLO, por su parte, se regocijó y luego publicó comunicaciones confidenciales para avergonzar aún más a la agencia antidrogas de estadounidense y socavar su caso contra el general. Este caso dolió aún más, considerando la investigación previa de la DEA sobre AMLO. Después de que el comité especial detuviera la investigación a principios de 2012, un agente de la DEA frustrado que trabajaba en el caso preguntó a sus jefes: “¿Qué pasará si AMLO gana, sabiendo esto sobre él?”.
El #PetroEscándalo en Colombia
Las acusaciones de donaciones provenientes del narcotráfico también han salpicado a otras presidencias. En agosto de 2023, Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, confesó a fiscales que había recibido cientos de miles de dólares en donaciones de un narcotraficante condenado, así como de al menos otros dos empresarios de dudosa reputación, para la campaña presidencial de su padre en 2022.
El narcotraficante era Samuel Santander Lopesierra, conocido en el mundo criminal como el “Hombre Marlboro.” Como su apodo sugiere, Lopesierra se especializaba en la venta de cigarrillos de contrabando, entre otros productos. Fue condenado por tráfico de drogas en Estados Unidos, donde cumplió 18 de los 25 años de su sentencia y fue liberado en 2021.
En su declaración a las autoridades, Nicolás agregó que su padre estaba al tanto de las donaciones y que la mayor parte del dinero se destinó a gastos personales en lugar de la campaña.
“Yo no lo crie”, respondió el presidente Petro al escándalo, refiriéndose al hecho de que Nicolás creció en otro hogar, lejos de su padre.
Sin embargo, la investigación tomó varios giros en 2024. En marzo, Nicolás declaró ante una comisión del Congreso que había sido presionado por el fiscal; que el dinero había sido prestado a él, no donado a la campaña, y que su padre no estaba al tanto de estas deudas. Posteriormente, cambió de equipo legal, mientras su defensa luchaba por lograr un acuerdo de culpabilidad en los cargos de lavado de dinero. Al momento de esta publicación, el caso continúa en curso.
Mientras tanto, la oposición colombiana ha aprovechado el escándalo —bautizado en la plataforma X como #PetroEscándalo, entre otros nombres— para atacar la agenda doméstica e internacional del presidente, y pueden haber debilitado su capacidad para impulsar lo que Petro ha denominado “Paz Total,” el arduo esfuerzo por controlar los diversos grupos criminales que operan en Colombia.
En abril, el Departamento de Estado de Estados Unidos también mencionó el escándalo en su informe global anual sobre derechos humanos, lo que tensó aún más las relaciones bilaterales entre ambos países. Para Estados Unidos, esto debe haber sido como un déjà vu. En 1995, Estados Unidos revocó la visa del entonces presidente colombiano Ernesto Samper después de que su campaña de 1994 aceptara más de US$6 millones del Cartel de Cali. Samper permaneció en el cargo, pero, al igual que Petro, estuvo al menos parcialmente limitado por las acusaciones.
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