Las autoridades judiciales de Costa Rica detuvieron este lunes a 5 alcaldes, entre ellos el de la capital San José, Johnny Araya, como sospechosos de actos de corrupción en la licitación y construcción de obra pública.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta Anticorrupción llevan a cabo este lunes 40 allanamientos en diversas partes del país e informaron que han sido detenidas 11 personas, entre ellas los alcaldes de San José (centro), Johnny Araya Monge; de Cartago (centro), Mario Redondo Poveda; de San Carlos (norte), Alfredo Córdoba Soro; de Osa (sur), Alberto Cole De León; y de Alajuela (centro) Humberto Soto Herrera.
«La hipótesis tiene que ver con actos de corrupción relacionados con licitaciones, construcciones, pagos de obra, facilitación de oportunidades irregularidad que generaron situación de ventaja a empresas con dádivas y sobornos», declaró en conferencia de prensa virtual el director del OIJ, Walter Espinoza.
En los allanamientos también fue detenido el gerente de la planta de asfalto de la empresa constructora MECO, de apellidos Gutiérrez Vargas; un empresario de apellido cruz, un funcionario de la municipalidad de Alajuela, de apellido Chacó; un funcionario de la municipalidad de Escazú (centro) de apellido Boraschi, y un funcionario de la municipalidad de Golfito (sur) de apellido Salas.
El operativo de este lunes involucra allanamientos en las alcaldías de San José (centro), Cartago (centro), Alajuela (centro), San Carlos (norte), Osa (sur), Golfito (sur), Escazú (centro) y Siquirres (Caribe), así como en las residencias de los alcaldes, una oficina del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y otras instalaciones municipales y empresariales.
La investigación comenzó en abril de 2019 y abarca 15 proyectos de infraestructura de conservación de carreteras y construcción de obra, uno de los cuales se ubica en el municipio de San Carlos que se financia con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obras viales cantonales, según la información de las autoridades.
«Pretendemos desentrañar y esclarecer hechos de corrupción que vinculan a funcionarios municipales, gobiernos locales y funcionarios de obra pública, que de alguna manera se vincularon con MECO para efectos de favorecerlos en temas de licitaciones, pago adelantado de facturas, inicio anticipados de obra y una serie de actividades que son constitutivas de delito», dijo el director del OIJ.
Este caso, bautizado como «Caso Diamante», es el segundo de corrupción en obra pública que se destapa en Costa Rica este año, pues en junio pasado salió a la luz el denominado «Caso Cochinilla» que involucra al Consejo Nacional de Vialidad, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y a varias empresas constructoras, entre ellas MECO y H.Solís, los dos más grandes contratistas del Estado en obra pública de los últimos años.
Las autoridades judiciales informaron este lunes que son casos independientes, pero que sí hay un empleado de la empresa MECO involucrado en ambas causas.
Por el «Caso Cochinilla» permanecen en prisión preventiva el dueño de MECO, Carlos Cerdas, y la de H.Solís, Mélida Solís.
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