TEGUCIGALPA, HONDURAS
El Congreso Nacional de Honduras inició el debate sobre una de las piezas legislativas más polémicas de los últimos años. La vicepresidenta del Legislativo, Lissi Matute Cano, presentó formalmente una iniciativa orientada a derogar los artículos clave del Decreto 04-2022, conocido popularmente por sectores críticos como el «Pacto de Impunidad».
La propuesta busca eliminar los artículos 1, 4, 5, 6 y 7 de la denominada «Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho», la cual fue aprobada originalmente bajo el argumento de otorgar amnistía a presos políticos tras los hechos de 2009. Sin embargo, el nuevo proyecto de ley plantea un cambio radical: dejar sin valor ni efecto las cartas de libertad emitidas a favor de exfuncionarios y políticos procesados por delitos de corrupción.
Revisión obligatoria de causas penales
De aprobarse esta iniciativa, el Poder Judicial enfrentaría un reto logístico y jurídico inmediato. El documento establece que los jueces y tribunales deberán revisar de oficio todas las causas penales donde se otorgó el beneficio de la amnistía o que se encuentran pendientes de resolución. El objetivo principal es retomar la judicialización de estos casos de manera inmediata, asegurando que se respete el debido proceso y el derecho a la defensa de los involucrados.
Además, el proyecto ordena la anulación de los archivos administrativos realizados tanto en el Ministerio Público como en los juzgados de la República que estén vinculados a los delitos contemplados en la ley vigente. Esto significaría que expedientes que habían sido cerrados definitivamente podrían ser reabiertos para nuevas investigaciones o juicios.
Postura oficial y contexto político
Durante su intervención en el pleno este martes, la diputada Lissi Cano fue enfática al declarar que esta propuesta no responde a una «vendetta política» ni a un ajuste de cuentas con el partido Libertad y Refundación (Libre). Según la legisladora, la intención es fortalecer el Estado de derecho y garantizar que los principios democráticos prevalezcan sobre acuerdos que, a su juicio, protegen la impunidad.
El Decreto 04-2022 ha sido objeto de una intensa fiscalización desde su publicación en La Gaceta en febrero de 2022. Aunque fue diseñado para beneficiar a quienes desempeñaron cargos públicos entre 2006 y 2009 y fueron perseguidos políticamente, su alcance permitió que personas vinculadas a malversación de fondos públicos obtuvieran su libertad, lo que generó un rechazo generalizado en diversos sectores de la sociedad civil.
Próximos pasos legislativos
La iniciativa ha sido enviada a una comisión de dictamen especial, presidida por el diputado Mario Alonso Pérez. Se espera que dicha comisión trabaje con celeridad para presentar un informe oficial durante la sesión legislativa programada para este miércoles 25 de febrero de 2026. El resultado de esta votación definirá el rumbo de la lucha contra la corrupción y la estabilidad de las resoluciones judiciales emitidas en los últimos cuatro años.
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