La relación del presidente de la República, Nayib Bukele, con la realidad es complicada. Para justificar sus políticas o hundir a sus principales adversarios, el mandatario echa mano de medias verdades y algunas mentiras descaradas. La crisis del COVID-19 no ha sido la excepción.
En esta, el Ejecutivo han abandonado el compromiso con la verdad y su mandato constitucional de buscar la armonía para defender medidas de cuestionada legalidad e intentos de extralimitarse en sus funciones.
En su última cadena, el sábado 13 de junio, el mandatario hizo varias aseveraciones alejadas de la verdad. En su mayoría, destinadas a descalificar a la Sala de lo Constitucional, la Fiscalía, la Asamblea Legislativa y la Corte de Cuentas. Todas instituciones que ejercen control sobre su gestión, algo que parece incomodar.
Se le quitó herramientas para frenar la pandemia
El principal reclamo del mandatario es que le han “quitado herramientas” para hacer frente a la pandemia. Esto, pues la Sala le ha impedido decretar unilateralmente emergencia nacional y suspender derechos constitucionales por decreto ejecutivo.
Leonor Selva, abogada y experta en políticas públicas, explicó que “no se le han quitado herramientas, se le ha corregido sobre el uso inadecuado de las mismas como a cualquier ciudadano que pretende excederse de lo que la ley le permite”.
Bukele ha reiterado que el Código de Salud le permite decretar emergencia nacional si la Asamblea no está reunida, una interpretación errónea de este, pues el Congreso sigue reuniéndose con regularidad.
El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, aclara que “lo que ocurrió es que el Ejecutivo interpretó de manera extensiva sus facultades y la Sala estableció hasta dónde llegan. En resumen, no le quita facultades le quita excesos”.
Bukele, sin embargo, insiste generar rivalidad con estos órganos de control. De hecho, cuando la Sala declaró inconstitucionales diversos decretos ejecutivos y le exigió seguir el camino que la Constitución manda, el mandatario tuiteó que le habían ordenado “asesinar” a los salvadoreños.
A los diputados, sigue culpándoles de entorpecer su trabajo, cuando él ha usurpado funciones legislativas al emitir por decreto ejecutivo suspensiones a derechos. Además, dijo que “la Asamblea tuvo el descaro de decir que no hay emergencia”, cuando esta le exigió presentar una solicitud formal y no solo un aviso de que había vuelto declararla por sí mismo.
Cuarentena fue decretada en la Sala Constitucional
Bukele también afirmó que la Ley de Cuarentena, publicada en el Diario Oficial el 7 de mayo, fue diseñada por la Sala de lo Constitucional, el fiscal general, el expresidente de ANEP, el jefe de fracción de ARENA y él mismo en una reunión en abril, con presencia del embajador de EE. UU.
Todas las organizaciones mencionadas se han desmarcado de esa acusación y si bien confirman que asistieron, niegan haber diseñado ley alguna.
En esa misma alocución, dijo que la Corte de Cuentas adelantó criterios al recordar que todas las compras deben ceñirse a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). El coordinador del capítulo de Transparencia Internacional en el país, Wilson Sandoval, explica que “adelantar criterio habría sido tomar un caso X y expresar el criterio unilateral” del ente contralor.
Según Sandoval “en la práctica (el gobierno) dista de avances en materia de rendición de cuentas y una administración pública que practica una política pública implícita de utilizar engaños y artilugios legales para convencer a la masa acrítica de que su administración es ‘íntegra’”.
Mientras tanto, Bukele sigue atacando a quienes le cuestionan. No solo sobre COVID-19: antes ha acusado infundadamente a quienes critican sus medidas draconianas en los penales o pretendido disfrazar su toma militar de la Asamblea el 9 de febrero.
Quienes apelan a la importancia de la verdad aclaran que no buscan entorpecer el trabajo del presidente de la república, Nayib Bukele, sino buscar que cada medida sea sensata y tenga asidero en la realidad del país y no en el cálculo político de un órgano de Estado.
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