El Salvador. Al menos 18 personas han muerto bajo tutela del Estado, dijo Amnistía Internacional hoy, tras llevar a cabo una investigación de crisis en El Salvador.
Y es que, en el marco del régimen de excepción actual, las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos, añade el informe.
Se recuerda que el gobierno del presidente Bukele decretó el régimen de excepción el 27 de marzo, tras un pico de homicidios presuntamente cometidos por pandillas, y lo ha extendido dos veces hasta la fecha.
“Hace tres años nos reunimos con el presidente Nayib Bukele y se comprometió a respetar los derechos humanos. Sin embargo, desde entonces y de forma reiterada no ha cumplido con su palabra”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Seguidamente apuntó que “como supuesta medida de castigo contra las pandillas, las autoridades salvadoreñas están cometiendo violaciones generalizadas y flagrantes de derechos humanos, y criminalizando a las personas en situación de pobreza”.
En ese sentido Guevara añadió que en lugar de dar una respuesta efectiva a la dramática violencia que generan las pandillas y los retos históricos de seguridad pública que enfrenta el país, están sometiendo al pueblo salvadoreño a una tragedia; y las víctimas de violencia por parte de pandillas merecen justicia de forma urgente, pero ésta sólo se logra con investigaciones robustas y procesos justos que garanticen un debido proceso y una condena efectiva.
En el informe se revela que durante las últimas semanas, un equipo de respuesta a crisis de Amnistía Internacional ha documentado minuciosamente 28 casos de violaciones de derechos humanos, correspondientes a 34 personas, tras entrevistar a víctimas y sus familiares, organizaciones de derechos humanos, periodistas, operadores y exoperadores de justicia, y líderes comunitarios. Adicionalmente, la organización solicitó reuniones con diversas autoridades, incluyendo con el presidente Nayib Bukele.
Detención arbitraria, privación ilegal de la libertad y garantías judiciales
Asimismo, según el informe el régimen de excepción, las recientes reformas al Código Penal y el Código Procesal Penal, y la práctica implementada en este contexto por los Juzgados Especializados, la Procuraduría General y la Fiscalía entre otros, han limitado los derechos a la defensa, a la presunción de inocencia, a un recurso judicial efectivo y al acceso a un juez independiente.
De igual forma se determina en la investigación que el derecho internacional de los derechos humanos, vinculante para las autoridades salvadoreñas, no permite que se restrinjan estos derechos, ni siquiera en caso de estado de excepción.
También, Amnistía Internacional encontró que miles de personas están siendo detenidas sin que se cumplan requisitos legales. Tras ser detenidas, las personas son privadas de la libertad y presentadas en audiencia judicial donde en su mayoría son acusadas del delito de “agrupaciones ilícitas”, cuya pena varía entre 20 a 30 años de prisión.
En prácticamente todos los casos documentados por Amnistía Internacional, las personas expresaron que hubo momentos en los que no sabían dónde se encontraban detenidos sus familiares. Al menos en un caso siguen sin saberlo, lo que podría constituir en desaparición forzada.
“Es alarmante observar cómo los tres poderes del Estado, incluyendo las instituciones de justicia, están funcionando de manera sumamente coordinada para procesar de forma sumaria, ilegal e indiscriminada a miles de personas. El uso político de las instancias creadas para garantizar justicia atenta contra el Estado de Derecho y está favoreciendo la comisión de graves violaciones de derechos humanos e incluso crímenes de derecho internacional”, dijo Erika Guevara Rosas.
Amnistía Internacional documentó casos de tortura y malos tratos al interior de los centros de detención. Los testimonios revelan el nivel de control que poseen miembros de las pandillas dentro de las celdas y de las condiciones extremas de hacinamiento, que estarían resultando en violaciones del derecho a la vida y a la integridad personal, y ocasionando graves problemas de salubridad, escasez de alimentos y útiles básicos de higiene, afectando gravemente la salud de las personas detenidas.
Para finales de mayo, medios locales reportaban que, debido al incremento en las detenciones, el 1.7% de la población mayor de 18 años del país se encontraría detenida, lo que supondría un hacinamiento de más del 250% de la capacidad de los centros penales.
Hasta el 28 de mayo, se reportaban al menos 18 personas muertas bajo tutela del Estado durante el régimen de excepción. Dada las precarias condiciones carcelarias, existe el temor fundado de que el número de víctimas fatales pudiese incrementar en los siguientes días.
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