Una jornada llena de homicidios dejó 20 personas asesinadas en diferentes puntos del país. El oriente del país registró el mayor número de casos: 13. En medio de este recrudecimiento de la violencia, el presidente de la República, Nayib Bukele dijo, a través de su cuenta de Twitter, que tanto la Policía como la Fuerza Armada deberán priorizar el resguardo de sus vidas, de sus compañeros y de los ciudadanos honrados, y que «el uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños».
«El Gobierno se encargará de la defensa legal de quienes sean injustamente acusados, por defender la vida de la gente honrada», agregó.
Este llamado generó reacciones encontradas y especialistas en seguridad advirtieron sobre el efecto que esto pueda tener. Celia Medrano, de la organización Cristosal, señaló que ya la legislación salvadoreña contempla la circunstancia de defensa propia.
«Desde el poder Ejecutivo podía citarse dicha legislación penal, lo que evitaría que un mensaje desde cuenta Twitter oficial de la Presidencia de la República se pudiera entender como que el Presidente autoriza a las personas a cometer el delito de homicidio y a las autoridades a cometer nuevos abusos y arbitrariedades, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, garantizando incluso la defensa legal desde fondos públicos para quienes pudiesen ser procesados por la comisión de este delito», señaló.
En la misma línea, Rodolfo González, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), indicó que lo de responder a las agresiones a policías y soldados que provengan de pandilleros ya está regulado en el Código Penal, como legítima defensa, con la exigencia de que sea proporcional, no matando con arma de fuego, por ejemplo, a quien ha agredido con arma blanca. «La función de la policía es neutralizar y poner a la orden de los tribunales», dijo.
Mientras Jeannette Aguilar, experta independiente en seguridad, afirmó que ningún funcionario puede dar órdenes para matar. «El recurso de la fuerza letal solo puede justificarse bajo circunstancias que establece la ley y códigos de conducta sobre el uso de la fuerza», aseguró.
Añadió que tanto el funcionario que cumpla órdenes ilegales como el que las dé, pueden ser procesados por las leyes nacionales e incluso por tribunales internacionales cuando se trata de delitos que comprometen la vida y la integridad.
La mayoría de crímenes de este domingo se registraron en San Miguel y Morazán, con cinco casos cada uno; seguidos por La Unión con dos, y Usulután con una muerte violenta según confirmó la Policía Nacional Civil (PNC).
Entre los fallecidos hay dos menores de edad: Fredy H., de 17 años, en Corinto, Morazán, y en La Laguna, siempre en Corinto, Mauricio M., también de 17 años.
Durante los últimos tres días se han registrado las jornadas más violentas de los últimos meses. Desde el inicio de la cuarentena hubo incluso varias fechas con cero homicidios, pero el viernes fue el día más violento en lo que va de la gestión de Bukele, con 24 homicidios.
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