El presidente de El Salvador puso el domingo de madrugada al país en estado de alerta máxima ante la campaña de violencia llevada a cabo por las pandillas.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, arremetió contra organismos internacionales de derechos humanos, acusándolos de “vividores” y de defender a “asesinos”.
Las acusaciones de Bukele se dan luego que múltiples ONG’s derechos humanos expresaron su preocupación por las garantías constitucionales de la población salvadoreña ante la imposición de un estado de excepción y alerta máxima por una nueva ola de violencia perpetrada por las pandillas.
El estado de excepción, aprobado, a petición del mandatario, por los miembros del Congreso afines, amplió los poderes de las fuerzas de seguridad y restringió las libertades civiles, entre ellas el derecho a la defensa o el derecho a la asistencia jurídica.
A través de su cuenta de Twitter, el mandatario se dirigió a la comunidad internacional escribiendo que aún hay “70.000 pandilleros” en las calles del país, e inmediatamente dijo: “Vengan por ellos, llévenselos a sus países, sáquenlos de esta ‘persecución dictatorial y autoritaria’”.
Horas antes organismos como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), entre otros, pidieron a la Administración Bukele respetar y proteger los derechos humanos de la población.
A través de un comunicado, WOLA dijo que “las autoridades deben actuar de conformidad con las reglas y principios democráticos y derogar cualquier disposición que contradiga normas del derecho internacional de los derechos humanos”.
Declaraciones similares fueron emitidas por las otras organizaciones, causando la incomodidad del mandatario, quien también dirigió sus críticas hacía el exsecretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrão, quien calificó el estado de excepción como “populismo penal”.
Abrão también dijo en un tuit que “Bukele activó sus redes de odio, desinformación y trolls para intentar estigmatizar y descalificar la supervisión crítica del movimiento de derechos humanos”.
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