La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), demandó este miércoles frenar las prácticas que permiten la penetración del crimen organizado y el narcotráfico en la política en deterioro del estado de derecho en Honduras.
Según el ente de sociedad civil, desde las primeras menciones e indicio de la vinculación de líderes políticos hondureños en narcotráfico, ha demandado reformas integrales a leyes y procesos que permitan fortalecer las instituciones y reducir los riesgos de infiltración del crimen organizado y narcotráfico en el Estado.
Los retrocesos registrados en la lucha contra la corrupción e impunidad y la renuencia de la clase política en abordar con la importancia y urgencia requerida, las debilidades al marco legal e institucional imposibilitan al Estado aplicar justicia imparcial e independiente, prueba de ello es el pedido de extradición contra el expresidente Juan Orlando Hernández.
Lo ocurrido evidencia una vez más la vulnerabilidad del sistema político -dice la ASJ- y por lo que urge a las nuevas autoridades a tomar acciones para corregir el marco legal e institucional que obstaculiza la lucha frontal contra la gran corrupción y la impunidad sin distinción política, económica o social.
La lección de la solicitud de extradición contra el expresidente Hernández, es una oportunidad para corregir y evitar que el poder que la población delega a través del voto pueda actuar impunemente.
El ente de sociedad civil recuerda que desde hace 10 años ha denunciado e insistiendo en la necesidad de fortalecer la institucionalidad y los mecanismos de control del financiamiento de la política en Honduras.
Hemos demandado que desde el Poder Legislativo se fortalezca la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, otorgándole mediante reforma a su Ley, independencia, autonomía y capacidad plena de investigación, así como la sanción efectiva, a fin de reducir los riesgos de penetración del narcotráfico en la política y en las instituciones públicas.
En ese sentido, insta a fortalecer el Estado Constitucional de Derecho y, sobre todo, a aquellas instituciones que velan por transparentar el uso de los fondos públicos, la rendición de cuentas y la participación ciudadana; creando mecanismos que garanticen el respeto al principio de legalidad, fomenten la integridad de los empleados y funcionarios públicos en el ejercicio de las funciones, impulsen la meritocracia y el enaltecimiento de los valores éticos y morales, generando una cultura ciudadana donde sea una constante el hecho que en Honduras nadie esté por encima de la Ley.
Finalmente señala que reafirma su compromiso de luchar por una sociedad más justa, incidiendo para promover los cambios necesarios para fortalecer las instituciones y garantizar el cumplimiento de los derechos para las hondureñas y hondureños, especialmente para los más vulnerables.
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