La Argentina preside en el 2022 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es el órgano subsidiario de la Asamblea General de la ONU que aborda los problemas sustantivos relacionados con los derechos humanos en el mundo. Pese a su nombre, no tiene la misma jerarquía del Consejo de Seguridad de la ONU o del Consejo Económico y Social (ECOSOC). Que no tenga la categoría y status jurídico de órgano principal de la ONU no ha sido casual. Desde los orígenes de la ONU el interés primordial en la promoción y protección de los derechos humanos ha estado impulsado por países democráticos afines, como lo refleja el proceso de adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que fue aprobada por la Asamblea General ante la resistencia principalmente de países de la órbita soviética.
Tras la consolidación del régimen global de los derechos humanos, la Cumbre Mundial del 2005 reconoció a los derechos humanos como el tercer pilar de las Naciones Unidas, junto a la paz y seguridad y al desarrollo. Desde entonces, el Consejo ha intentado fortalecer la legitimidad de las recomendaciones con resultados mixtos. Por un lado, ha planteado informes contundentes sobre los crímenes en la guerra en Siria o las violaciones de los derechos humanos en Bielorrusia, Corea del Norte, Irán y Myanmar, entre otros. Por otro, existe un número de cuestiones que desmerecen la labor del Consejo. Un ejemplo son los temas relativos a equidad de género y los derechos de la mujer. La politización de las decisiones del Consejo es otra, con un foco de atención desproporcionado en Israel junto con un exceso de tolerancia al comportamiento de ciertos países no democráticos en materia de derechos humanos.
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