TEGUCIGALPA, HONDURAS
A un año de gobierno Amnistía Internacional publica carta abierta dirigida a la presidenta Xiomara Castro, en la misma expresa su preocupación sobre la situación de Derechos Humanos en el país.
El organismo también hace públicas algunas recomendaciones sobre asuntos en los que debería tomar acciones.
En uno de los párrafos del escrito le recuerdan a la mandataria que hace justo un año, expresamos que su gobierno debía mostrar audacia y voluntad para atender las causas y los efectos del oscuro legado de los gobiernos de la década anterior.
A un año de gobierno Amnistía Internacional apunta que “Es momento de ver resultados y demostrar la voluntad de su gobierno que requiere la población en Honduras, y es tiempo de cumplir con algunos compromisos mínimos para que las personas puedan vivir en su país dignamente”.
“Ya es tiempo de proteger a las personas defensoras de derechos humanos”, remarca también la carta.
Al tiempo que recuerda la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras registró al menos 224 personas defensoras víctimas de agresiones en 2022, incluidos 12 asesinatos.
Entre las recomendaciones que hace el organismo destaca -revisar la idoneidad del estado de excepción garantizando los principios de necesidad y proporcionalidad, así como seguir todos los procedimientos, incluyendo notificaciones oficiales a la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas-.
Ya es tiempo de garantizar una vida digna, se destaca en otro apartado en el que se retrata que la combinación de los impactos del cambio climático con la degradación medioambiental, la violencia, pobreza y desigualdad en Honduras siguen obligando a las personas a desplazarse a otras regiones del país o bien a emprender viajes arriesgados hacia los Estados Unidos.
De igual forma, el documento remarca que Honduras tiene uno de los mayores índices de pobreza y de desigualdad en ingresos de América Latina. Alrededor del 82% de la población rural del país vive en la pobreza. Sin embargo, el financiamiento de recursos públicos para el acceso a derechos sociales, como el sistema de salud, es de los más bajos de la región, muy lejos del 6% recomendado por la OMS y entre los más bajos de América Latina y el Caribe.
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