El presidente Joe Biden está cumpliendo su promesa de enviar al Congreso una reforma migratoria, pero al menos 500 organizaciones civiles buscan que el plan esté integrado en el proyecto de recuperación económica del país.
Así lo establecieron en una carta dirigida al líder de la mayoría del Senado, Charles Schumer (Nueva York ) y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (California).
Su objetivo es que el Congreso logre incluir la protección permanente y un camino hacia la ciudadanía para los soñadores, los titulares de Estatus de Protección Temporal (TPS) y al menos cinco millones de trabajadores indocumentados que, se estima, han estado en primera línea durante la pandemia de COVID-19.
“Para que el paquete de recuperación económica y alivio del coronavirus esté a la altura de los múltiples desafíos que enfrenta el país… debe incluir protección permanente y un camino hacia la ciudadanía para los trabajadores esenciales indocumentados y sus familias, así como para los ‘dreamers’ y los titulares de TPS”, consideró Tom Jawetz, vicepresidente de Política de Inmigración del Center for American Progress (CAP).
La propuesta de los activistas surge a pocos días de que se diera a conocer el proyecto de reforma migratoria del presidente Biden, la cual será liderada por el senador Bob Menéndez (Nueva Jersey) en el Senado, ya que se espera que en la Cámara no haya demasiados desafíos entre demócratas.
El terreno en Estados Unidos está, podría decirse, preparado para otorgar la ciudadanía a indocumentados que llevan varios años en el país, como lo adelantan diversas encuestas, incluso de la prensa conservadora, como Fox News, que el día de las elecciones encontró que el 71% de los estadounidenses respaldaba la naturalización de estos no-ciudadanos; el porcentaje subía al 91% entre los votantes de Biden, aunque bajaba a poco más del 50% entre los votantes del expresidente Donald Trump, una cifra todavía alta a pesar de la retórica antiinmigrante del exmandatario.
El proyecto de ley, que todavía no se ha dado a conocer por completo, pretende modificar todo el sistema migratorio, siendo el camino a la ciudadanía a indocumentados con 10 años viviendo en el país y sin récord criminal una de las propuestas más avanzadas en años.
Felicia Wong, presidenta y directora ejecutiva del Roosevelt Institute, consideró una prioridad enfocarse en los trabajadores esenciales, alrededor de cinco millones, que son indocumentados, pero su futuro está en riesgo.
“Debemos construir una economía inclusiva que funcione para todos; debemos asegurarnos de que los trabajadores esenciales tengan protección legal”, dijo. “No es sólo lo correcto… Es bueno para la economía”.
La mayoría latina
Un reporte del Pew Research Center estima 10.5 millones de indocumentados en el país, la mayoría latinos y con alta predominancia de mexicanos, aunque el número de estos últimos disminuyó desde 2007 y actualmente representan el 47 por ciento.
El número de inmigrantes no autorizados ha aumentado desde 2007 tanto de América Central (ahora 1.9 millones) como de Asia (con 1.5 millones), indica el reporte.
La vicepresidenta adjunta de Política y Defensa de UnidosUS, Clarissa Martínez de Castro, consideró que el presidente Biden debe enfocarse “en un plan incluyente”.
“Tenemos la oportunidad de hacer precisamente eso, e incluye tanto a ciudadanos como a inmigrantes”, expresó. “Los trabajadores inmigrantes nos han estado defendiendo y ahora es nuestro momento de defenderlos”.
Montserrat Garibay, secretaria-tesorera de la AFL-CIO de Texas, apuntó algo similar sobre la necesidad de reforzar la red económica de inmigrantes, en beneficio del país.
“Cuando nuestro país extiende derechos y protecciones a más trabajadores, todos nos beneficiamos. Cuando más personas se ven obligadas a trabajar con miedo y sin derechos, todos corremos un mayor riesgo”, consideró.
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