Un tribunal de Panamá absolvió este martes al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) por el caso de las escuchas ilegales durante su mandato, conocido como «Pinchazos», en un nuevo juicio oral.
«La Justicia finalmente se ha aplicado, siete años de esta tortura, en este suplicio (…), le doy las gracias a la Justicia panameña, que he sufrido mucho y lamento y no quiero que esto que me ha pasado a mi le pase a ningún panameño», dijo el expresidente a la salida del juzgado.
Arropado bajo un ambiente festivo por los seguidores de su nuevo partido Realizando Metas (RM), el exmandatario salió minutos después de entrar en el juzgado escoltado por su defensa y se retiró del Sistema Penal Acusatorio, en Ciudad de Panamá.
El Tribunal, compuesto por tres juezas, consideró de forma unánime que el «expresidente no había dado las órdenes para realizar interceptación de telecomunicaciones, seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial», y fijó para el próximo 24 de noviembre la audiencia de lectura de sentencia, informó el Órgano Judicial.
Martinelli, durante una aparición en Nextv —cadena televisiva de su propiedad— pidió al «Gobierno americano un favor humanitario»: que sus dos hijos, Ricardo y Enrique, encarcelados en Guatemala, y uno de ellos próximo a ser extraditado a EE.UU. por un supuesto delito de lavado de dinero vinculado a la constructora brasileña Odebrecht, «se vayan juntos a enfrentar la Justicia».
Este nuevo juicio oral contra Martinelli comenzó en julio pasado con un mes de retraso de la fecha prevista debido a dos suspensiones y tras la anulación del primero en el que fue declarado «no culpable» en 2019.
El expresidente enfrentaba 2 delitos en este segundo proceso —interceptación de telecomunicaciones, y seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial—, lo que lo exponía a una pena de hasta 8 años de cárcel, una drástica reducción en comparación con el primero, que afrontaba 4 delitos y la pena máxima de 21 años.
Durante el juicio sucedieron algunos percances y aplazamientos durante los 67 días que duró, con Martinelli señalado por presuntamente dilatar su comienzo y por protagonizar trifulcas con un exdiputado —supuesta víctima de las escuchas ilegales—.
Además, arrastró la duda en las últimas semanas de su posible suspensión por una supuesta falta de imputación en el inicio del proceso legal en el Supremo panameño.
El caso conocido como «Pinchazos» ha sido complicado desde sus inicios en 2015 en la esfera de la Corte Suprema: Martinelli huyó a EEUU, donde estuvo preso un año batallando contra su extradición a Panamá, que finalmente se hizo efectiva en 2018, y posteriormente renunció a la diputación regional, que le daba una prerrogativa, por lo que su proceso pasó a la Justicia ordinaria.
Tras un largo juicio, fue declarado «no culpable», pero un año más tarde un tribunal de apelaciones lo anuló y reordenó el juicio para realizar uno nuevo este año.
El expresidente, de 69 años, estaba acusado de interceptar las telecomunicaciones de más de un centenar de personas, entre ellos empresarios, políticos opositores e incluso aliados suyos, y periodistas, según las investigaciones.
Martinelli, que siempre ha defendido su inocencia, tilda este proceso de «patraña política», que es una supuesta «persecución política», y apunta a las altas esferas de la política y el Gobierno de supuestamente querer inhabilitarle para las elecciones generales de 2024, en las que tiene previsto postularse a la presidencia otra vez con su nuevo partido Realizando Metas (RM).
En Panamá, Martinelli también es procesado y tiene prohibida la salida del país por el caso Odebrecht, por supuesto lavado de dinero, al igual que en el caso «New Business» vinculado a la compra de un conglomerado de medios.
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