Tegucigalpa. Para la abogada Doris Imelda Madrid la ley para la liquidación de fondos públicos, creada por el Congreso Nacional, no limita la acción del Ministerio Público (MP) ni la investigación de los actos de corrupción.
“Lo que dice la ley es que los actos de administración pública deben pasar por las instancias administrativas”, sostuvo.
“No hay que confundir diciendo que la acción penal suplanta los actos administrativos, pues estos son sujetos de oposición”, subrayó.
Consideró que a los actos administrativos “se les debe dar todo el seguimiento para que una persona pueda desvanecer, para eso está la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
Señaló que tan autónomo “es el Derecho Penal como lo es el Derecho Administrativo”.
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Fortaleza
Destacó que la ley tiene una gran fortaleza, “la transparencia se potencia con la rendición de cuentas y eso es lo que pretende esa normativa”.
Recordó que ya la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se pronunció en otros casos y estableció inconstitucionalidad no de fondo sino de forma.
Agregó que la Sala Constitucional dijo que el procedimiento de reforma debió ser por la vía de las disposiciones generales del Presupuesto General, “pero no dijo que el contenido era malo”.
«Es la misma base que podría tomar una nueva opinión de la Corte»
Sugirió que esa “es la misma base que podría tomar una nueva opinión de la Corte, en relación con estos otros recursos de inconstitucionalidad”.
Según Madrid, ya «hay suficientes antecedentes» sobre este tipo de casos.
La Corte, en un caso en el que fue acusada una ex rectora, opinó que antes de acusársele, “la conducta la debió examinar el Tribunal Superior de Cuentas (TSC)”, subrayó.
Enfatizó que el nuevo Código Penal está vigente, es un código aprobado por el Congreso y lo único es que está de vacaciones. “Por tanto, debe entrar en vigencia el próximo domingo”.
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