Una vivienda digna con sus servicios públicos y título de propiedad recibirán los damnificados de las tormentas “Eta” y “Iota” que perdieron su hogar por los desastres naturales en diferentes zonas del país.
Según ejecutivos de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), un organismo privado auxiliar de la administración pública que ejecuta el proyecto, el programa se creó en febrero de 2021 y a la fecha se han logrado contratar con desarrolladores privados de vivienda hondureños la cantidad 2,208 viviendas de un total de 3,008 viviendas sociales.
Las 2,208 viviendas tienen un costo aproximado de 447,000 lempiras cada una y asciende a un monto de recursos comprometidos y en etapa de ejecución y construcción de más de 986 millones de lempiras de un total de 1,200 millones de lempiras y otros recursos que fueron aportados por el Poder Ejecutivo.
La comunidad de La Reina en Protección, Santa Bárbara, quedó como un pueblo fantasma tras los arrasadores fenómenos tropicales Eta y Iota que azotaron a Honduras el año pasado.
El 24 de noviembre de 2020, más de 300 viviendas fueron arrastradas por la corriente y estos pobladores perdieron su patrimonio creado con esfuerzo de toda una vida, increíblemente no hubo pérdidas humanas.
Según declaraciones exclusivas para LA TRIBUNA, por parte del ingeniero técnico de la Unidad Coordinadora de Proyectos y quien se encuentra a cargo del proyecto, Raúl Raudales, el milagro que tanto esperaban se está haciendo una realidad.
Estos pobladores, junto con otros hondureños que perdieron sus hogares o que viven en zonas vulnerables, serán beneficiados con el “Programa de Viviendas y Obras Sociales Donadas y Financiadas” como una iniciativa temporal del gobierno de la República para dejar un legado histórico a los hondureños más desprotegidos.
La Secretaría de la Presidencia impulsó este Programa de Viviendas de conformidad con el Decreto Ejecutivo de su creación número 019-2021 del 2 de febrero de 2021 y publicado en La Gaceta del 12 del mismo mes y año.
Consultado por LA TRIBUNA sobre la legalidad del programa ejecutado en conjunto entre el gobierno y la UCP, el coordinador técnico de la UCP, ingeniero Rolando Poujol, explicó que esta iniciativa funciona como un programa adscrito por el Poder Ejecutivo a la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), organismo de derecho privado auxiliar de la administración pública creado conforme al artículo 4 del Decreto Legislativo 11-2020 del 26 de febrero del mismo año, Decretos a los que tuvo acceso LA TRIBUNA mediante la visita al portal de transparencia de la Secretaría de la Presidencia.
El decreto de creación de este “Programa de Viviendas y Obras Sociales Donadas y Financiadas” revela que el trabajo de la UCP, incluye además la adquisición y financiamiento de diseños, terrenos, viviendas no concluidas y viviendas terminadas, equipamiento básico de las viviendas, servicios públicos, carreteras, calles de acceso y demás red vial y/o cualquier tipo de obras que se sean necesarias desarrollar y habilitar los proyectos de vivienda; así como los financiamientos, inversiones y cualquier tipo de gastos, directos o indirectos, que sean requeridos.
De conformidad con la entrevista brindada por Rolando Poujol, todos los gastos se encuentran debidamente sustentados y documentados y serán oportunamente liquidados a la Secretaría de la Presidencia para que esta los coloque en su portal único de transparencia.
Indicó además que por instrucción del Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, debido al éxito de ejecución del programa, el gobierno está gestionando el acceso a mayores recursos económicos con el sector público y privado, a fin de expandir el impacto del proyecto y lograr contratar un aproximado de 7,900 viviendas adicionales, con lo cual se beneficiarían a más de 10,908 familias.
Esto representa al menos 65,448 personas que podrían acceder a una vivienda en condiciones dignas y al mismo tiempo contribuir a la reactivación económica del sector de la construcción y sus derivados.
AVANCES CON PRESUPUESTO ASIGNADO
Según la fuente consultada en exclusiva por este rotativo, los recursos aportados por el Poder Ejecutivo se transfirieron en mayo de este año, sin embargo, la UCP había avanzado en precalificar los proyectos que los desarrolladores presentaron según avisos de precalificación que se publicaron en distintos medios de comunicación en los meses de enero, mayo y junio del presente año.
Para junio, la Unidad Coordinadora de Proyectos logró contratar con desarrolladores privados de vivienda hondureños más de 986 millones de lempiras de los 1,200 millones de lempiras que desembolsó la Secretaría de Finanzas a la Secretaría de la Presidencia y esta última a la UCP, para estos proyectos de vivienda social.
Para agosto la UCP estima contratar un total de 3,008 viviendas a nivel nacional, lo cual beneficiará a igual número de familias hondureñas. Este presupuesto ha sido distribuido conforme a las directrices de un Comité de Priorización el cual actúa conforme a un estudio elaborado por instituciones del gobierno y la Cepal, y ha asignado las soluciones habitacionales en los municipios de Choloma y Villanueva en Cortés, Olanchito en Yoro y Macuelizo en Santa Bárbara; y próximamente asignarán proyectos en Quimistán, Santa Bárbara y el Distrito Central, Francisco Morazán.
Según el ingeniero Raúl Raudales, especialista a cargo del proyecto habitacional en Macuelizo, Santa Bárbara, este es uno de los proyectos habitacionales más emblemáticos, ya que implica el traslado de los afectados de la comunidad La Reina hacia Macuelizo en el cual se construirán 300 viviendas con estándares de calidad.
Según una entrevista que realizó LA TRIBUNA con el sacerdote Leopoldo Serrano, encargado de la parroquia San Roque, los vecinos afectados en Protección, Santa Bárbara, han sido involucrados en el desarrollo de esta iniciativa y se ha visto la intención continua del gobierno de lograr una sociabilización robusta de estos proyectos y tener un constante acompañamiento de la comunidad y prueba de ello fue que la presentación de las ofertas técnicas y económicas de las empresas se hizo en un evento público frente a toda la comunidad beneficiada y a las fuerzas vivas de la zona.
En ese sentido, los hondureños que quedaron sin sus hogares en Protección, Santa Bárbara, aprueban la ubicación del terreno donde se desarrollan las unidades habitacionales denominadas “San Francisco de Asís”.
Se conoció por parte de LA TRIBUNA que los contratos se urbanización y construcción de las viviendas ya fueron adjudicados y se encuentran en etapa de ejecución. En imágenes exclusivas para LA TRIBUNA, se observan las máquinas trabajando en Macuelizo, Santa Bárbara.
Según Rolando Poujol, coordinador técnico de la UCP, otro proyecto que toma forma es “Residencial Los Prados” desarrollado en Choloma, Cortés, el cual cuenta con 500 viviendas.
Expresó que la municipalidad ha recibido con alegría este proyecto y está en comunicación constante junto al desarrollador para que en unos meses se reciban bloques de viviendas en esta comunidad duramente golpeada por las tormentas tropicales y así beneficiar a hondureños que aún están damnificados y otros que habitan en zonas vulnerables.
Por otro lado, en Olanchito y en Villanueva también hay movimiento de constructores con diferentes soluciones habitacionales.
El entrevistado enfatizó que a los beneficiarios no solamente se les entregará una vivienda para que habiten en condiciones dignas, salubres y con servicios públicos, sino que también se les entregará su título de propiedad para que puedan transferirla en paz y con seguridad a sus herederos, asegurando así que las generaciones jóvenes de las familias beneficiadas cuenten con una vivienda a largo plazo, lo cual engrandece y contribuye al crecimiento del núcleo familiar y les permitirá contar con un sueño que han anhelado por años.
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
El Programa de Vivienda Social genera la reactivación económica del sector de la construcción con 14,492 empleos directos y 57,698 empleos indirectos. De cada casa que se construye se generan un promedio de 5 empleos directos.
CORTESIA: LA TRIBUNA
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