Tegucigalpa, Francisco Morazán. 32 ciudadanos hondureños, entre ellos un policía Clase I, identificado como Orbin Alfonso Morales Martínez y quien integra una red de tráfico de personas, fueron procesados por la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas (UTESCTP) del Ministerio Público, en acciones de la Operación Omega VII, que se desarrolla en todo el territorio nacional.
Los 32 detenidos fueron acusados por el delito de tráfico ilegal de personas agravado, al funcionario policial se le acusó además por el delito de tráfico de influencias; el requerimiento fiscal se interpuso tras investigaciones y vigilancia que permitieron que encausados fueran interceptados llevando de forma ilícita a 150 migrantes de nacionalidad nicaragüense hasta Estados Unidos.
A los supuestos traficantes se les detuvo a la altura de San Lorenzo, Valle, por parte de elementos de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC) luego de observar una caravana de 32 vehículos tipo turismo que eran abordados por hombres, mujeres y niños.
Durante la acción los requeridos se identificaron como conductores de taxis VIP de San Pedro Sula y Puerto Cortés y a quienes les pagaron 10 mil lempiras por realizar el traslado de los migrantes, se procedió al decomiso de los 32 vehículos, un arma de fuego, 2,480 dólares, 122,000.00 lempiras y 33 teléfonos celulares. Su audiencia inicial será este día.
Por otra parte, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) por medio de agentes del Departamento de Apoyo Estratégico, Operaciones Especiales y Comunicaciones, ejecutó la captura de Jorge Alexander Figueroa Flores, acusado por el delito de utilización de pornografía infantil agravada en perjuicio de niños y niñas desconocidos.
Lo anterior tras una investigación por parte de agentes del Grupo de Investigación de los Delitos en Contra de la Libertad Sexual en coordinación con la Unidad Contra la Trata que recibieron una denuncia en septiembre de 2020 en contra de dos ciudadanos a quienes se les allanó sus viviendas y se les encontraron indicios y evidencias que los involucraban en el delito.
De su lado, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó requerimiento fiscal en contra de una exfuncionaria del Servicio de Administración de Rentas (SAR), a quien se le instruye proceso por extraer ilegalmente información del sistema de consultas ETAX, en abril de 2019, de las declaraciones tributarias de varios años de la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, con el propósito hacer filtraciones a un medio de comunicación y perjudicarla al publicarse datos privados de conformidad a la política de confidencialidad de esa institución y el ordenamiento jurídico nacional.
El delito imputado a Nidia Estebana Barahona Ponce, quien fungió en el cargo de asistente técnico, es el de violación de los deberes de los funcionarios, en una investigación efectuada en conjunto con la ATIC y la Unidad de Seguridad de la Información del SAR.
Por su parte, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y la ATIC llevan a cabo nuevas diligencias de investigación en la Secretaría de Salud, en torno al seguimiento que se le da a una presunta compra sobrevalorada de un sistema informático, realizada en el año 2014, caso en el que estarían involucrados la exministra Edna Yolany Batres y al administrador de Regulación Sanitaria, Benelio Alvarado Membreño, así como los propietarios de una empresa fachada que se benefició con nueve millones de lempiras.
Mientras tanto, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), en equipo con la ATIC, desarrollan diligencias en relación a una denuncia por el supuesto delito de sustracción de evidencias por parte de un miembro de la Policía Nacional de la Unidad Departamental de Juticalpa y en la sede policial de Catacamas, donde se investiga además posibles delitos de violaciones de los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad.
En acciones de la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural se interpondrán cuatro requerimientos fiscales, uno de ellos en contra del militar Juan Carlos Sánchez Gómez acusado por el delito de violación especial en perjuicio de un menor de edad, hecho ocurrido en la aldea San Miguel de Guajiquiro, La Paz, dos por violación a los deberes de los en contra de empleados del Instituto de la Propiedad y de una alcaldía y otro por desobediencia y daños, en perjuicio de las comunidades garífunas Cristales y Río Negro, San Juan en Tela y Masca, respectivamente.
En Omega VII, además, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) coordina una serie de allanamientos encaminados a la ejecución de órdenes de captura por extorsión y decomiso de evidencias relacionadas a miembros de organizaciones criminales, a lo que se suma la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) con incautaciones y detenciones por tráfico de estupefacientes.
Entre otras labores relevantes, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (FETCCOP) de La Ceiba realizará recepción de todo tipo de documentos necesarios, en las instalaciones de la alcaldía municipal, a raíz de una denuncia contra empleados del Departamento de Catastro por el supuesto delito de falsificación de documentos públicos.
La Operación Omega VII también está orientada en la atención a víctimas vulnerables, como niñez y mujer, así como a atacar delitos contra la vida, la propiedad, el medio ambiente, el fisco nacional, propiedad intelectual y los delitos comunes en general.
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