Ejecutivos de la empresa de transporte Lila de Honduras reiniciaron operaciones tras varios días de cierre por el cobro de extorsiones.
La empresa confirmó esta semana en sus redes sociales la suspensión temporal después de que este lunes una mujer disparó contra un autobús del transporte Lila que estaba estacionado frente a la instalaciones de la compañía en Tegucigalpa, sin causar víctimas.
Las instalaciones de la empresa Lila, que fue fundada el 19 de mayo de 1972, amanecieron resguardadas por agentes de la Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Público.
La compañía cubre la ruta entre Tegucigalpa y la ciudad de Marcala, departamento de La Paz, región central del país.
Según dirigentes del transporte, los pandilleros les exigen el pago de 20,000 lempiras (unos 811 dólares) al mes a cambio de no asesinar a los chóferes de los autobuses o incendiar las unidades.
Empresarios del transporte pidieron al Gobierno de Juan Orlando Hernández que no los abandone y que se busquen mecanismos para revertir la situación de inseguridad que impera en el país centroamericano, donde este año se registra un promedio de once asesinatos al día.
La Policía Nacional y organismos de derechos humanos atribuyen la mayoría de este tipo de ataques a dos pandillas rivales, la Mara Salvatrucha (MS13) y el Barrio 18, que se dedican a extorsionar a comerciantes, conductores, empresarios del transporte público e incluso a estudiantes.
Al menos 134 empleados del transporte público de Honduras fueron asesinados en 2019 por bandas delictivas, muchos de ellos por negarse a pagar extorsiones, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma del país.
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