En torno al nuevo código penal que ha venido a beneficiar a personas vinculadas en actos de corrupción, el ex presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) José María Díaz, dijo a través de STN que las reformas solo han revestido de legalidad y a dar un trato suave a los implicados en casos como el del latrocinio del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
«Estamos sabidos del bombardeo de solicitudes que han recibido los juzgados de ejecución para cambiar las medidas de prisión a un sinnúmero de imputados a causa del nuevo código penal, y es preocupante que cuando se escuchaba que se estaba reformando el código, no se le dio la importancia debida» expreso .
Asimismo el expresidente del CAH, recordó que se le dio un período de vacatio legis, para que la sociedad civil y todos los actores que estaban inconformes pudieran hacer una fuerza opositora genuina y revertir los resultados de ese código. No obstante se dejo un gran sector por fuera, como lo son las universidades en donde están los grandes maestros del derecho penal a quienes casi nunca se les escucho su opinión y ahora tenemos consecuencias.
«Al pueblo hondureño hay que decirle que con el nuevo código penal se reviste de legalidad o se le está dando un trato suave a casos como el del IHSS, donde se latrocinó más de 338 mil millones de lempiras y que por razones de la edad del convicto en este caso Mario Roja quien fue condenado por el delito de lavado de activos por la sobrevaloración de boletos aéreos a través de varias empresas»Señaló.
Según Díaz, Los juzgados de ejecución deberán de configurar un sínnúmero de requisitos que ahora son legales como es la edad de la persona.
Finalmente recalcó que en el caso del condenado Rojas quien a sus 71 años se acogió a lo que establece el artículo 81, se le aplicará una libertad condicional lo que significa que tendrá un arresto domiciliario en el que tendrá la obligación de utilizar todos los aparatos electrónicos para que no pueda salir, ya que tendrá como restricción no salir del país y deberá salir únicamente para un control viométrico a los juzgados de lo penal hasta el 2031 que cumpla su condena.
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