TEGUCIGALPA, HONDURAS
Ante el impacto que la sequía ya provoca sobre las familias, la disponibilidad de agua y la producción agropecuaria, el Consejo de Secretarios de Estado, encabezado de forma virtual por el presidente Nasry Asfura, aprobó en las últimas horas, por unanimidad, la declaratoria de estado de emergencia en 75 municipios del país.
La sesión, dedicada exclusivamente a atender la situación provocada por la sequía, se celebró durante la noche de este martes y permitió coordinar una respuesta inmediata entre las instituciones del Gobierno.
La declaratoria comprende municipios de Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz y Valle identificados mediante análisis técnicos del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
El decreto tendrá una vigencia de 120 días calendario, pudiendo ampliarse, y permitirá incorporar posteriormente otros departamentos, municipios o sectores si nuevos informes del Cenaos determinan condiciones de sequía, déficit hídrico u otras afectaciones climáticas que requieran intervención del Estado.
Una respuesta que va más allá de la entrega de alimentos
La emergencia establece una respuesta integral que contempla disponibilidad y acceso a alimentos, agua, saneamiento básico, salud, nutrición y atención a la producción agropecuaria.
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y las instituciones que conforman el Comité Técnico Interinstitucional de Gestión Integral de la Sequía, deberá poner en marcha un Plan Integral de Gestión de la Sequía que incluya prevención, mitigación, preparación, acciones anticipatorias y respuesta.
La SAG concentrará parte de sus esfuerzos en pequeños y medianos productores, uno de los sectores más expuestos a las pérdidas de cultivos y a la reducción de fuentes de agua.
La respuesta también contempla vigilancia de posibles efectos sobre la salud y nutrición de las comunidades, especialmente en territorios donde la disponibilidad de agua y alimentos comienza a reducirse.
Maquinaria para construir reservorios de agua
Como parte de las primeras acciones, el Gobierno priorizará a municipios afectados por la sequía dentro de las primeras entregas de maquinaria que ya comenzó a llegar al país como parte de los kits que serán destinados a las municipalidades.
Una primera intervención contempla 29 municipios, el los que tractores, retroexcavadoras y otros equipos podrán apoyar la construcción de reservorios y otras obras necesarias para enfrentar la escasez de agua.
El presidente Asfura planteó aprovechar esta maquinaria para que las alcaldías puedan acelerar la construcción de reservorios y almacenar agua durante los períodos en que todavía se registren lluvias.
“La maquinaria es importante para el reservorio de agua: son los tractores y la retro”, señaló el mandatario durante la reunión.
La estrategia busca que Gobierno central y municipalidades trabajen de manera coordinada, aprovechando los recursos y capacidades disponibles en cada territorio.
Más pozos para comunidades y producción
El presidente Asfura también informó sobre acciones para ampliar la capacidad de perforación de pozos.
Pronaders dispone actualmente de cuatro máquinas perforadoras en funcionamiento y se prevé incorporar una quinta entre noviembre y diciembre.
Paralelamente, se trabaja en un esquema para acelerar la perforación de alrededor de 50 pozos adicionales antes de finalizar el año, mediante coordinación con las municipalidades.
Los proyectos buscarán atender tanto necesidades de abastecimiento de las comunidades como requerimientos vinculados con la producción y el ganado en las zonas más golpeadas.
“Vamos a poder hacer una cantidad considerable también de pozos”, indicó el presidente Asfura.
Recursos más rápidos, con transparencia
La declaratoria permitirá a las instituciones responsables agilizar la disponibilidad de recursos y orientar esfuerzos presupuestarios hacia las necesidades provocadas por la emergencia.
El decreto autoriza, bajo las disposiciones de la Ley de Contratación del Estado, mecanismos de contratación directa exclusivamente para atender necesidades derivadas de la emergencia.
Estas contrataciones deberán ser notificadas al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) dentro de los 10 días hábiles correspondientes y estarán sujetas a obligaciones de transparencia y publicidad.
La Secretaría de Finanzas deberá coordinar las gestiones financieras, presupuestarias y contables necesarias para respaldar la ejecución de las acciones definidas durante la emergencia.
Monitoreo permanente durante los próximos meses
El Comité Técnico Interinstitucional mantendrá vigilancia permanente sobre la evolución del clima y sus efectos en las fuentes de agua, la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria.
Los informes técnicos servirán para ajustar las intervenciones, priorizar recursos y determinar si otras zonas del país deben incorporarse a la declaratoria.
El presidente Asfura advirtió durante el Consejo de Ministros que la respuesta debe observarse también con una visión de mediano plazo, evaluando durante los próximos meses los avances alcanzados y las necesidades que persistan.
“Tenemos que replantearnos, según los avances que tengamos en los próximos 90 días, 120 o más […] para ver qué tanto hemos avanzado, cómo andamos y qué recursos más debemos buscar”, apuntó.
Con la declaratoria aprobada por unanimidad, el Gobierno concentra desde ahora recursos, maquinaria e instituciones en una misma respuesta: atender a las familias que ya sufren los efectos de la sequía y comenzar desde este momento a construir capacidad para enfrentar los meses que vienen.
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