TEGUCIGALPA, HONDURAS
La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), en coordinación con la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE), inició este viernes el proceso de recepción de ofertas de la subasta pública internacional Sedena BM-001-2026 para la venta del avión presidencial Embraer Legacy 600, en apego a la normativa vigente y bajo un esquema de transparencia y rendición de cuentas.
En ese sentido, las autoridades informaron que el proceso se desarrolla conforme a estrictos procedimientos legales para garantizar la correcta administración de los bienes del Estado.
La recepción de propuestas comenzó a las 9:00 de la mañana de este viernes 10 de julio y forma parte del cronograma establecido para asegurar una competencia abierta, ordenada y transparente.
Buenas prácticas de transparencia
Para optar a la compra de los pliegos de condiciones, cada participante acreditó previamente el pago de quinientos lempiras mediante depósito a favor de la Tesorería General de la República (utilizando el recibo TGR-1, asignado a la institución 449, rubro 12801).
Como parte de las etapas previas, cuatro empresas realizaron inspecciones técnicas presenciales de la aeronave en las instalaciones de la Base Aérea Hernán Acosta Mejía, en Tegucigalpa, donde especialistas verificaron de primera mano las condiciones operativas del Embraer Legacy 600.
Otras cuatro compañías desistieron de participar y una no completó el procedimiento.
Para fortalecer la transparencia y garantizar la legalidad del proceso, la Sedena conformó un Comité de Subasta y Veeduría integrado por personal de la Gerencia Administrativa y la Auditoría Interna de la institución.
Además, el proceso cuenta con el acompañamiento de representantes del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y de la Procuraduría General de la República (PGR), en calidad de observadores institucionales.
La Secretaría de Defensa Nacional reiteró que esta subasta representa un ejercicio de administración responsable del patrimonio público, orientado a optimizar los recursos del Estado y establecer un precedente de buenas prácticas en la enajenación de bienes públicos, bajo los principios de legalidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.


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