TEGUCIGALPA, HONDURAS
El Congreso Nacional de Honduras aprobó por unanimidad un paquete de reformas destinadas a combatir el crimen organizado, las pandillas y la extorsión en el país, marcando un giro drástico en la estrategia de seguridad pública.
La medida más llamativa de este nuevo plan es la autorización expresa para que las Fuerzas Armadas se desplieguen en las calles, brindando apoyo directo a la Policía Nacional en tareas de seguridad ciudadana.
El presidente del Legislativo, José Tomás Zambrano Molina, explicó de forma directa el impacto de la reforma, asegurando que la estrategia se resume en «policías a la policía y militares a las calles».
Para articular estos esfuerzos, el decreto contempla la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen, un ente que unificará las operaciones de la Policía, el Ejército, la ATIC y la DPI.
Asimismo, se dio luz verde a la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad mediante fondos internos y préstamos, descartando definitivamente el polémico proyecto en la Isla del Cisne.
Como un componente social para promover valores familiares, las autoridades también acordaron ceder el canal televisivo del Congreso a las iglesias católica, evangélica y a grupos de migrantes.
Zambrano Molina justificó la urgencia de estas decisiones afirmando que responden al clamor de una ciudadanía que exige recuperar la paz tras lo que calificó como cuatro años de descuido estatal.
El decreto entrará en vigor una vez publicado en el diario oficial La Gaceta, momento en el cual el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad activará el plan operativo y el despliegue de las tropas.
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