TEGUCIGALPA, HONDURAS
En una jornada que redefine el equilibrio de poderes en Honduras, el Congreso Nacional concretó anoche la destitución definitiva de Johel Antonio Zelaya Álvarez de su cargo como Fiscal General de la República. La decisión, tomada mediante la figura del juicio político, alcanzó una mayoría calificada de 93 votos aportados por cuatro bancadas legislativas.
La sesión, marcada por un clima de alta tensión y las protestas sonoras de la bancada de Libertad y Refundación (Libre), culminó con la juramentación inmediata de Pablo Emilio Reyes Theodore como nuevo titular del ente acusador del Estado.
Un informe lapidario: Las razones del cese
La base de la destitución fue el informe final presentado por una Comisión Especial, la cual recopiló testimonios de siete testigos y analizó pruebas documentales durante la etapa de interpelación. Según el documento leído en el hemiciclo, Zelaya incurrió en:
* Instrumentalización de la justicia: Prácticas sistemáticas para favorecer a figuras del oficialismo mientras se dirigían acciones selectivas contra la oposición.
* Negligencia e injerencia: Denuncias de fiscales de carrera que habrían sido presionados, trasladados o despedidos por negarse a alterar investigaciones.
* Casos de alto perfil: El informe destacó la omisión de acciones en temas sensibles, como el denominado “narcovideo”, en contraste con actuaciones desproporcionadas en otros procesos.
* Abuso de poder: Se señaló una concentración de decisiones en un círculo cerrado, debilitando la autonomía de la Fiscalía Adjunta y la Dirección de Fiscales.
El derecho a la defensa y la ausencia de Zelaya
El diputado presidente, Tomás Zambrano, defendió la legalidad del proceso, subrayando que el ahora exfiscal se negó a comparecer ante el pleno pese a las citaciones previas. «Él renunció a su derecho de presentarse ante el pleno del Legislativo y no podemos esperar más. Este Congreso ha respetado el proceso constitucional», afirmó Zambrano durante su intervención.
Precedente político y nuevo rumbo
La salida de Zelaya no solo representa un cambio de mando, sino la aplicación efectiva, por primera vez en este contexto, del juicio político para separar a un alto funcionario. Los testimonios más delicados incluyeron el de una fiscal que aseguró haber recibido órdenes directas para alterar un caso de corrupción contra un exalcalde.
Con la llegada de Pablo Emilio Reyes Theodore, el Ministerio Público entra en una etapa de transición bajo la lupa de diversos sectores sociales y organismos internacionales, quienes observan con cautela el alcance del control legislativo sobre la justicia hondureña.
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