TEGUCIGALPA, HONDURAS
En una resolución emitida tras la audiencia de declaración de imputado, un juez designado dictó la medida de arresto domiciliario para el exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, y cuatro personas adicionales vinculadas al escándalo de presunta corrupción pública.
Junto al exfuncionario, los imputados que deberán cumplir la medida son Eleny Galeas, Iris Paola Pérez, Ilsy Valeska Baquedano (quien funge como asistente de la diputada Isis Cuéllar) y Reniery Fabrizzio Lazzaroni. Todos ellos son señalados por el Ministerio Público por la presunta comisión de 67 delitos de fraude.
Detalles de la resolución judicial
El vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó que el juez consideró el arresto domiciliario como la medida idónea para asegurar que los imputados comparezcan en las etapas subsiguientes del proceso. Silva detalló que la vigilancia estará a cargo de la Policía Nacional, institución que deberá rendir informes periódicos sobre el cumplimiento de la medida.
Respecto a las garantías presentadas, se informó que Cardona propuso una caución mediante un bien inmueble valorado en casi cinco millones de lempiras, cuya validez será definida en la audiencia inicial. Por su parte, el resto de los implicados presentaron como arraigo diversas constancias de vivienda, salud y contratos de arrendamiento.
Contexto del caso y capturas pendientes
Este proceso judicial, conocido mediáticamente como el caso del «Cheque-video» o «Chequesol», surgió tras la difusión de un material audiovisual. En dicho video, se escucha a la diputada Isis Cuéllar conversar con Cardona sobre el presunto manejo de fondos de Sedesol para financiar actividades proselitistas del Partido Libertad y Refundación (Libre) en el departamento de Copán.
Es importante destacar que, mientras el exministro Cardona optó por la presentación voluntaria ante la Corte Suprema de Justicia, los demás implicados fueron capturados mediante operativos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Actualmente, se mantienen vigentes siete órdenes de captura adicionales, entre ellas la de la diputada Cuéllar, quien no ha solicitado comparecer voluntariamente ante la justicia.
Próximas etapas
La audiencia inicial, donde se evaluarán las pruebas de ambas partes, ha sido programada para este viernes 6 de febrero a partir de las 9:00 de la mañana. En dicha instancia se determinará si se dicta un auto de formal procesamiento o un sobreseimiento a favor de los involucrados.
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