TEGUCIGALPA, HONDURAS
En una decisión sin precedentes que marca su primer día de gestión, el presidente de la República, Nasry Asfura, ha decidido tomar personalmente las riendas de la política sanitaria del país. Ante un sistema público que se describe en estado «comatoso», el mandatario asumirá la titularidad de la Secretaría de Salud (Sesal), delegando responsabilidades estratégicas en su equipo de designados presidenciales para intentar frenar la crisis hospitalaria.
La medida busca dar una respuesta de choque a los problemas estructurales que asfixian a la población: infraestructura deteriorada, falta de quirófanos y una mora quirúrgica que, sumando los subregistros, alcanza los 16,000 pacientes en espera.
Un gabinete de salud bajo mando presidencial
Asfura no enfrentará este desafío solo. La designada presidencial María Antonieta Mejía desempeñará un rol clave en el enlace con el Congreso Nacional para agilizar los procesos legislativos necesarios. Asimismo, el equipo operativo estará liderado por Ángel Eduardo Midence Ochoa, como subsecretario de Redes Integradas, y José Miguel Castillo Hurtado, en la subsecretaría de Proyectos e Inversión.
Midence aseguró que la prioridad inmediata es la articulación con el sector privado para garantizar el suministro de oxígeno y medicamentos. Uno de los pilares de este plan es reactivar el fideicomiso de compras, un mecanismo que busca agilizar la adquisición de insumos esenciales que, según expertos, podrían agotarse totalmente para el mes de marzo si no se aplica un proceso de compra verdadero y ágil.
Entre la eficiencia administrativa y el riesgo de privatización
La estrategia ha generado opiniones divididas. Blanca Munguía, de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), calificó la agenda como prioritaria y viable, resaltando que la experiencia previa con fideicomisos fue exitosa. Sin embargo, advirtió que la gestión debe ser estrictamente regulada y transparente, publicando cada movimiento en portales digitales para evitar la corrupción.
Por otro lado, el doctor y diputado Carlos Umaña lanzó una advertencia sobre la posible «privatización» de los servicios. Aunque avala el retorno del fideicomiso para compras, cuestionó duramente la propuesta de trasladar cirugías a la red privada debido a la disparidad de costos.
Según Umaña, mientras una cesárea en el sector público ronda los 7,000 lempiras, en el privado asciende a 60,000, lo que volvería insostenible el presupuesto nacional frente a una mora de 20,000 operaciones.
Fortalecimiento de la atención primaria
El nuevo plan gubernamental también contempla que más del 90% de los problemas de salud se resuelvan en el primer nivel de atención dentro de las comunidades. El objetivo es desahogar los hospitales principales de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, acercando servicios de calidad a las zonas más postergadas del país.
El presidente Asfura «se juega su reputación» en este movimiento audaz. Al asumir la cabeza de la Sesal, el gobernante personaliza la responsabilidad de una de las crisis más profundas de Honduras, prometiendo una gestión abierta a la sociedad civil para rescatar un sistema que actualmente tiene un déficit de 17,000 millones de lempiras en relación al PIB.
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