TEGUCIGALPA, HONDURAS
Dirigentes de Transporte, mantienen este lunes una toma de la carretera principal que conduce de Tegucigalpa a Olancho y viceversa a la altura de la comunidad de Limones, y no hay paso a excepción de vehículos de emergencia.
Según los transportistas la protesta es en contra de unidades de transporte que, según ellos, operan ilegalmente en la región. La manifestación ha bloqueado la carretera principal, aunque los manifestantes aseguran que permitirán el paso de personas con citas médicas y vehículos de emergencia.
«Hoy hemos vuelto a las calles producto de tantas promesas incumplidas y otros daños colaterales que se dan en el sector transporte», declaró Leonel Zúñiga, dirigente del transporte.
«Estamos aquí porque hemos agotado los pasos que la ley establece, denunciando a vista y paciencia de las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) las unidades que operan sobre los derechos de los que estamos legalmente constituidos», adicionó.
Zúñiga explicó que estas unidades, autorizadas con permisos provisionales, operan de manera ilegal en rutas establecidas, afectando a transportistas que han trabajado en estas rutas durante décadas. Se trata de unidades de transporte que han autorizado permisos provisionales para operar desde Mangulile hasta Tegucigalpa, en perjuicio de transportistas que tienen 20 o 30 años circulando en la ruta.
Los transportistas aseguran que han seguido todos los protocolos legales y han presentado múltiples denuncias sin obtener respuesta.
«Pedimos a la población las disculpas del caso, pero hemos seguido todos los protocolos que la ley establece y no ha sido atendida nuestra denuncia por parte de las autoridades. Necesitamos que el comisionado del IHTT se apersone en esta región del departamento de Olancho y proceda al decomiso y sanción de esas unidades que están circulando de manera ilegal», exigió Zúñiga.
La carretera principal de Olancho está actualmente bloqueada por los manifestantes, quienes reiteran que respetarán el paso de personas con citas médicas, así como de los cuerpos de bomberos, Cruz Roja y la Policía Nacional. «Nuestro objetivo no es perjudicar a la ciudadanía, sino buscar una solución justa a un problema que afecta a todos los transportistas legales», concluyó Zúñiga.
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