TEGUCIGALPA, HONDURAS
En los últimos años se ha experimentado una reducción del espacio cívico que limita el accionar de la sociedad civil para incidir ante las autoridades en la implementación de propuestas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, alertó este martes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en la presentación de diagnósticos regionales realizados con la participación de 16 organizaciones no gubernamentales y miembros de comunidades en cinco departamentos de Honduras.
Con el apoyo de VIVA Dinamarca, la ASJ abordó junto a representantes de organizaciones de sociedad civil la situación del espacio cívico y logró identificar desafíos de desarrollo en materia de: corrupción, educación, pobreza y desempleo, salud y seguridad, como áreas de prioridad.
Las jornadas de análisis se realizaron de forma virtual con organizaciones y miembros de comunidades de Francisco Morazán, Copán, Cortés, Yoro y Atlántida, para identificar las principales necesidades, desafíos locales y visiones al futuro de las organizaciones de sociedad civil y la juventud, al tiempo que indagó sobre la limitación de la participación ciudadana a raíz de la pandemia de COVID-19.
En cuanto a corrupción, los participantes identificaron diversas prioridades. La captura del Estado parece “muy prioritaria” para las regiones de Copán y Francisco Morazán; en tanto, el mal desempeño gubernamental con servicios públicos deficientes se ubica como “muy prioritario” en las regiones de Atlántida, Francisco Morazán y Copán. Otros aspectos preponderantes mencionados fueron la pérdida de confianza en las instituciones democráticas y que la corrupción obstaculiza el desarrollo.
En materia de educación, los ciudadanos de Francisco Morazán y Cortés identificaron como temas prioritarios la débil institucionalidad para enfrentar los desafíos educativos y el estancamiento de los resultados de aprendizaje. En otras zonas como Copán y Atlántida, el principal problema identificado fue el abandono escolar, pues la precaria situación económica y la falta de oportunidades está empujando a muchos menores de edad a emigrar de manera irregular. Cabe señalar que, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuatro de las regiones analizadas: Cortés, Francisco Morazán, Yoro y Atlántida, son las que han tenido mayor índice migratorio en los últimos años.
Con respecto al tema de pobreza y desempleo, los informes regionales lo destacan como “muy prioritario” para los participantes en las jornadas, mientras en el área de salud, la priorización se enfocó en la falta de presupuesto, medicamentos, insumos e infraestructura en zonas como Atlántida, Cortés y Francisco Morazán, aunque la falta de voluntad política e incapacidad de liderazgo de las autoridades para hacer cambios profundos y sostenibles en el sistema sanitario fue considerada “muy prioritaria” en Francisco Morazán, Cortés y Yoro.
De igual manera, los informes abordan la estigmatización contra personas o movimientos en disenso con el Estado y la calificación de personas que protestan por sus derechos como violentas, irrespetuosas o dignas de castigo. A criterio de los entrevistados, este tipo de pensamiento permite y justifica consecuentes violaciones de los derechos humanos de quienes protestan por sus derechos.
En cuanto a las acciones adoptadas frente a las problemáticas identificadas en las distintas regiones, figuran como principales mecanismos de participación ciudadana los procesos de veeduría social en salud, educación, infraestructura y seguridad, en los que la lucha por la transparencia y contra la corrupción son un eje transversal; otros, como la defensa del territorio, destacan en regiones como Atlántida y Copán.
Producto de la reflexión, especialistas entrevistados consideran muy relevante y dinámica la participación de la sociedad civil como impulsora de reformas, creadora de políticas públicas, impulsora de cambios, impulsora de denuncias y protagonista al momento de evidenciar aspectos que no se están haciendo bien y que se deben mejorar.
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