La Corte Suprema de EE.UU. determinó este jueves que el Congreso no está obligado a extender los beneficios sociales de los que gozan sus ciudadanos a los residentes de Puerto Rico, aun cuando el estatus de esa isla como ‘estado libre asociado’ al país norteamericano les confiere la ciudadanía estadounidense.
Con ocho votos en ese sentido, la Corte Suprema dictaminó que el poder legislativo no está obligado a extender los beneficios del programa conocido como Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) a las personas que residen en Puerto Rico.
En esa determinación, solo la jueza asociada Sonia Sotomayor, quien tiene padres nacidos en Puerto Rico, votó por la igualdad de protección para la isla del Caribe.
El programa SSI protege a la población ciega, discapacitada o mayor de 65 años de edad, que habite en alguno de los 50 estados de la Unión, mediante una asistencia financiera de 841 dólares por persona y 1.261 por pareja.
El gobernador de Puerto Rico exige a Washington que «de una vez y por todas» traten a los residentes de la isla como sus iguales
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Reacción del gobernador
La decisión de la Corte Suprema generó una crítica por parte del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi.
En sus redes sociales, Pierluisi apuntó que esa votación «comprueba que la condición territorial de Puerto Rico es discriminatoria para los ciudadanos americanos en la isla y le permite al Congreso hacer lo que quiera con nosotros».
«Claramente nuestro pueblo, particularmente los más vulnerables, sufren las consecuencias de ese trato desigual bajo la bandera americana», agregó el gobernador.
Para Pierluisi, esa «discriminación» también se repite en otros programas sociales, como Medicaid, Medicare y los de asistencia nutricional.
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