La viceministra de la Secretaría de Seguridad, Julissa Villanueva, solicitó la depuración en el Ministerio Público (MP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el objetivo de recuperar el Estado de derecho.
Indicó que el Congreso Nacional (CN) debe de comenzar a llamar a los funcionarios que fueron nombrados en por ese poder y han tenido escaso desempeño.
Señaló que el fiscal general del MP Óscar Fernando Chinchilla, termina sus funciones el 1 de septiembre de 2023, mientras que el presidente de la CSJ, Rolando Argueta culmina su labor en febrero de ese mismo año.
«En más del 80 por ciento hay una omisión de lo que es la investigación policial y judicialización de los casos, manifestó.
Expuso que «desde hace dos años (2020-2021) no se han validado cifras (de hechos violentos- eso es real, lo cual ha provocado que la Subsecretaría (de Seguridad) desarrolle un trabajo rápido para resolver los casos.
Adelantó que en el próximo mes de abril se divulgarán, en colaboración con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), los «los datos reales» sobre le incidencia delictiva.
Consecuentemente, afirmó que «este ministerio de Seguridad no va a maquillar cifras, trabajara con cifras reales del OV-UNAH y trabajará en políticas públicas para resolver el problema, desde el 2020 al 2021 que no hayan validado cifras es peligroso».
Agregó que «acabamos de tomar las riendas del ministerio y nos encontramos maniatados en temas de presupuesto, cuando en materia de Defensa y Seguridad se supone estaban el dinero, pero el dinero se ha esfumado».
Asimismo, comentó que «la Dirección Policial de Investigaciones tiene un recorte de más del 50 por ciento en presupuesto, la Secretaría de Seguridad pasa por los mismos problemas que tiene la Secretaría de Salud».
Finalmente añadió que «el tema de las extradiciones nos deja muchas preocupaciones, no es fácil cuando Honduras se convirtió en un narcoestado».
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