Tegucigalpa. De más de 61 millones de lempiras en el pago de salarios y gastos de representación para únicamente tres funcionarios es el impacto financiero identificado en la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE). Entre 2018 y 2022, la SDE ha erogado ese monto en tres representantes permanentes ante la Organización Mundial de Comercio, en Ginebra, Suiza.
El salario base y los sueldos complementarios de estos funcionarios representan el 10.39 % del total del presupuesto vigente para todos los pagos relacionados a sueldos y salarios realizados al personal permanente de esa Secretaría, en el año 2021.
De esta millonaria cantidad que drena las finanzas de la SDE no hay ningún registro de resultados, faltando a los principios de transparencia y rendición de cuentas.
«Es importante destacar que, pese a que los jugosos pagos de estos tres funcionarios salen del dinero del pueblo, se desconoce qué gestiones, logros o beneficios ha generado esta misión para Honduras».
Padrinazgos
Los beneficiarios han sido cercanos a máximas autoridades de la administración pasada. Para el caso, Miguel Ángel Bonilla (en el cargo desde 2014) es sobrino del hermano del expresidente Juan Orlando Hernández. Los otros miembros de la misión son Dacio Remberto Castillo Flores (desde 1998) y Alana María Lanza Suazo (desde 2012).
Aumentos selectivos
El 20 de diciembre de 2021 se adelantaron los regalos de Navidad sangrando las finanzas públicas, al repartir permanencias a 33 empleados, 24 de ellos recibieron un aumento desproporcional de salario que generó un déficit presupuestario de L 1,422,033.00 en la SDE, violando los criterios establecidos en los manuales de puestos y salarios y en la Ley del Servicio Civil.
Estos aumentos selectivos se realizaron pese a que la Secretaría de Finanzas advirtió no afectar más el presupuesto.
«Evidentemente, el ministro y la ministra a cargo de esta Secretaría en el periodo 2018-2022 actuaron de forma arbitraria, por lo que se interpuso una denuncia ciudadana ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por mala gestión del servidor público y no seguir el procedimiento de selección y contratación del personal».
Ante esta denuncia, el ente contralor debe determinar la responsabilidad penal, civil o administrativa en contra de los altos funcionarios públicos de la SDE que participaron en las decisiones arbitrarias.
Resultados del CNA en 25 días
Cabe destacar que a mediados de 2021 se inició una auditoría en la SDE por la que se pagó un monto de 2.5 millones de lempiras, a cargo del TSC, sin embargo, hasta la fecha no han reportado resultados.
Por su parte, el CNA firmó un convenio de cooperación técnica interinstitucional con la SDE el pasado 7 de febrero de 2022, y ya está dando a conocer los primeros informes. La información contenida en este primer corte ya fue remitida al actual ministro de la SDE; en las próximas semanas publicará nuevos hallazgos.
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